Dominicanos por derecho

Dominicanos por Derecho llama a evitar expulsiones de dominicanos/as

El conjunto de  organizaciones que integran la Plataforma Dominicanos por Derecho llama al  Estado dominicano a  ofrecer garantías para evitar la expulsión de ciudadanos dominicanos   indocumentados o con dificultades de acceder a su documentación de identidad, ante el ampliamente anunciado proceso de repatriación  de personas  extranjeras en situación migratoria irregular.

El colectivo aclara que no se opone a ninguna medida migratoria que se implemente respetando la dignidad humana, derechos fundamentales, tratados internacionales  y  leyes nacionales que rigen la materia pero que bajo ningún concepto es aceptable que el Estado evada la responsabilidad de dar una solución efectiva a la situación de las personas desnacionalizadas pretendiendo  equiparar  a un dominicano no documentado  con una persona migrante.

“La problemática de la desnacionalización se agravaría  con el desplazamiento forzoso de dominicanos/as  no inscritos en el registro civil  que  no pudieron acogerse a la  medida que  les planteaba asumirse como extranjeros para tener acceso a documentos de identidad”, explicó el abogado  Juan Manuel Morel, quien fungió como vocero  de la plataforma en un encuentro con los medios que tuvo  lugar  este martes en el Colegio Dominicano de Periodistas.

Las organizaciones  llaman la atención sobre el peligro de separar miles de familias con hijos dominicanos por la situación de documentación de sus miembros,  así como mantener en un estado de vigilancia por parte de organismos de investigación  y  amenaza de operativos a comunidades afrodescendientes ya de por si excluidas, empobrecidas y estigmatizadas.”

Exhortan a las autoridades gubernamentales a  socializar el protocolo, logística y criterios a utilizar  en el  proceso de repatriación de personas  migrantes en situación irregular  y que se permita a  las organizaciones dominicanas ser testigo de su adecuada implementación.

Sobre el nuevo llamado de la Junta Central Electoral

Dominicanos por Derecho teme que  no se concreticen en la práctica  las informaciones emitidas  por la Junta Central Electoral  sobre una supuesta solución masiva a la problemática del bloqueo de acceso a documentos de identidad, limitándose  una vez más a generar un  impacto mediático para  reducir la presión sobre  la problemática de dominicanas y dominicanos desnacionalizados.

Pese  a la promulgación de la ley 169-14 hace más de un año y las diversas convocatorias a las personas afectadas para dar “solución” a sus casos ,  afirman que la  JCE mantiene en el limbo  jurídico a miles dominicanos/as  y sus descendientes, bloquea  sus documentos de identidad al no colocarlos  en el sistema automatizado de registro, ha creado procesos diferenciados que incluye la investigación de familiares,   transcribe sus actas a  un nuevo libro generando   un sub-registro a partir del origen y  la situación migratoria de los padres,  medida segregacionista que  convierte a esta población   en blanco de futuras  acciones desaprensivas.

“El bloqueo injustificado de documentos en el sistema  impide a miles de personas a realizar con normalidad actividades de la vida civil y deja abierta la  posibilidad de que sean impedidas de ejercer su derecho al voto,  lo que ocasionaría serios cuestionamientos al proceso electoral que se avecina”.

Aseguran  que el llamado de la  Junta Central Electoral  es confuso porque enmarca  la  ley 169-14 dentro del conjunto de medidas destinadas a regularizar  la población migrante, lo que  desconoce  el derecho a la nacionalidad de las y los afectados,  promueve  la idea de la existencia de un grupo poblacional  que es “dominicano por error”,   crea animadversión hacia  las  personas descendientes de migrantes.

Lamentan que en  2015 un  dominicano negro/a, residente en zona bateyera o en comunidades de gran presencia afrodescendiente,  con rasgos físicos o apellido que pueda ser asumido como extranjeros deba agotar procedimientos distintos al del resto de los dominicanos para obtener su documentación.

Exigen al gobierno  evitar que este nuevo llamado de la JCE  se convierta en otro fiasco y   proteger a sus ciudadanos/as de la negligencia de funcionarios públicos:  “Es  momento de  asumir un compromiso nacional  que ponga    fin al bochornoso   capitulo de  discriminación institucional hacia dominicanos y dominicanas por el origen nacional de sus padres,  color de piel, ubicación geográfica, apellidos,  rasgos físicos y situación de documentación, instaurado por la JCE desde el 2007.  La Junta Central Electoral debe acatar de una vez y por todas la ley que devuelve  el acceso a sus documentos de identidad a los dominicanos/as descendientes de migrantes   inscritos en el registro civil”.

También  Cristiana Luis Francisca del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas,  Elena Lora del Movimiento Reconoci.do,  Maribel Nuñez de Acción Afro-Dominciana,  la activista de la diáspora dominicana en New York Miriam Mejía, así como también Roudy Joseph de la Red de Encuentro Dominico-Haitiana Jaques Viau formaron parte del equipo de voceros de la plataforma.

Dominicanos por Derecho es un colectivo que reúne a unas 15  organizaciones que luchan por la restitución plena de los derechos de las personas desnacionalizadas por la sentencia 168-13 y afectadas con la negación del acceso a sus documentos de identidad.

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Hoy es el último día, mañana comienzan las expulsiones

Hoy es el último día que tienen los dominicanos de ascendencia haitiana para registrarse en el programa  especial para legalizar su estatus que abrió el gobierno de Danilo Medina. Hoy a las 19:00 H local, cuando se cierren las oficinas de recepción de solicitudes, el gobierno tendrá vía libre para expulsar a miles de dominicanos de ascendencia haitiana de su propio país.

Ayer, el viceministro de Interior, Washington González, aseguraba que “Aquellas personas que no se acogieron al plan de regularización están sujetas a la repatriación”.

La realidad es que miles de personas que han nacido y vivido toda su vida en la República Dominicana pueden ser no repatriadas, sino expulsadas del país.

El Tribunal Constitucional de República Dominicana dictaminó en septiembre de 2013 que no eran dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos desde 1929 aunque hubieran nacido en el país y estuvieran asentados en el registro civil. La inmensa mayoría de las personas afectadas por esta sentencia son de ascendencia haitiana. Esto desató una oleada de críticas que hizo que el gobierno de Medina abriera el proceso de legalización con plazo hasta el 18 de junio. A partir de este día podrían empezar a expulsar a personas a Haití, personas que en su mayoría nunca han estado en el país vecino y con el que no tienen ningún vínculo, ni cultural, ni familiar, ni económico, ni social.

El canciller Andrés Navarro declaró que no se producirán deportaciones masivas, pero lo cierto es que las instituciones del gobierno tienen preparadas las oficinas y han capacitado al personal para detener a cualquiera que parezca extranjero, es decir, que sea negro.

Ayer miles de haitianos seguían haciendo cola, entre ellos madres con niños que apenas tenían unos días de vida, para tratar de inscribirse en este plan de regulación del que se estima quedarán fuera unas 200.000 personas. El ministerio del Interior del país calcula que se han registrado alrededor de 250.000 personas, el 96% haitianos. El gobierno ha asegurado que a partir de ahora las personas que hayan sido preseleccionadas, aun cuando no hayan entregado toda la documentación, estarán resguardadas por un año, pero estas personas aún no han recibido un carné que acredite su status.

A pesar de las voces en contra de la Corte Interamericana, ACNUR y organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, el gobierno ha seguido hasta el final con el proceso.

República Dominicana comparte la isla caribeña La Española con el país más pobre de América Latina, Haití, que en 2010 sufrió un terremoto que dejó 200.000 muertos, un millón de desplazados, y produjo un aumento de la inmigración. ¿Qué pasará ahora con todos aquellos dominicanos de ascendencia haitiana que no son inmigrantes y que serán obligados a salir del país?

agresión en la frontera con haiti

Aumentan las tensiones en la frontera República Dominicana –Haití

Más de 300 inmigrantes haitianos fueron expulsados de la República Dominicana la semana pasada tras la muerte de un taxista dominicano. A pesar de la falta de pruebas, la muerte se atribuyó a la comunidad migrante haitiana que reside en la región de Espaillat y esto ha provocado una fuerte ola de persecuciones en la zona.

Este es el último acto en contra de personas de origen haitiano derivado de una historia de persecución y exclusión de las comunidades de migrantes haitianos en la República Dominicana. Una de nuestras contrapartes en Haití, GARR, ha condenado los ataques y ha pedido a los dos gobiernos nacionales, el de República Dominicana y el de Haití, que promocionen la paz en la isla.

 

 

 

 

Dominicana ascendencia haitiana agredida

Agresión a dominicanos en un autobús por ser negros

“Nos cayeron golpes por el simple hecho de ser negros. Al momento que me subí a la guagua, el señor me agarró del brazo diciendo que ningún haitiano se iba a montar en la guagua”.

Estefany Feliz es una joven dominicana de ascendencia haitiana que la semana pasada fue agredida por miembros del Sindicato de Chóferes y Dueños de Minibuses de Barahona (SINCHOMIBA), simplemente por tener la tez oscura.

Estefany Feliz y su compañero Lidio Polo de León son dominicanos y oriundos de la provincia Bahoruco, ambos miembros del movimiento Reconocido en la zona sur del país.  Un grupo de hombres les golpeo y no les permitieron el ingreso en el autobús con destino a Santo Domingo.

“Pero ¿cómo haitiano? ¿Qué te hace pensar que nosotros somos haitianos?”, contesto Lidio Polo de León al hombre que increpó a su compañera, y este inmediatamente comenzó a golpearle.

Al agresor se le unieron otros hombres que agarraron a Lidio para que no pudiera defenderse cuando el primer hombre le dio con una piedra en la cara provocándole un hematoma.

Lidio cuenta que al verse inmovilizado por cinco personas suplicó que le soltaran, pero no lo hicieron, fueron los pasajeros del autobús los que bajaron a separar a los hombres de Lidio y a apartar a Estefany para que no recibieran más golpes.

“La verdad es que me vi muerto ese día porque no aguantaba más de los golpes que me dieron…todavía yo siento todo el dolor en el cuerpo”, afirma Lidio.

Estefany Feliz declara que no es la primera vez que le ocurre algo parecido. Ya en 2014, el conductor de un autobús le pidió un documento y como solo tenía el acta de nacimiento, no le dejaron subir al vehículo. En otra ocasión un agente del Ejercito le pidió dinero para pasar un retén militar en la región Sur fronteriza.

“El que es negro tiene que presentar la cédula y el que es de piel blanca no tiene que presentar nada solo se monta y ya”, manifiesta Estefany.

Los dominicanos de ascendencia haitiana que no han podido conseguir la nacionalidad en los términos que señala la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional y la ley 169-4 siguen enfrentándose a situaciones como esta. Las agresiones y la discriminación son ya parte de su día a día. Desde InspirAction seguimos trabajando para acabar con esto, que se reconozca la ciudadanía y se respeten los derechos fundamentales de los dominicanos de ascendencia haitiana.

Ayúdanos a compartir este testimonio para que no silencien su voz: #VidasenPause

Dominicano de ascendencia haitiana

Dominicanos de ascendencia haitiana obligados a luchar por la ciudadanía

Autor: Frankelly Martinez. Responsable de Proyectos de InspirAction. Publicado en The Huffington Post UK.

El mes pasado, el trágico linchamiento de un joven haitiano en la República Dominicana atrajo la atención internacional a un problema nacional: la discriminación y la violencia continúa contra los dominicanos de ascendencia haitiana.

La víctima fue encontrada atada y colgada de un árbol en el centro de la ciudad de Santiago de los Caballeros. La policía estatal desmintió que el racismo fuera el motivo de la agresión, pero sin una investigación clara en marcha el incidente ha incrementado las tensiones binacionales de ambos lados de la isla, ya que los inmigrantes haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana siguen enfrentándose a obstáculos para reclamar su derecho a la nacionalidad.

La situación se remonta a una sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano de septiembre de 2013, que cambió los criterios para la obtención de la nacionalidad para los nacidos entre 1929 y 2010, de padres extranjeros en la República Dominicana. Esta sentencia anuló una ley anterior que dio la ciudadanía automática Dominicana a cualquier persona nacida en el país.

Unas 200.000 personas se vieron afectadas por la decisión de 2013. Según una encuesta realizada por la Oficina Nacional de Estadística Dominicana: la mayoría de los afectados eran de ascendencia haitiana que se enfrentan a un futuro incierto, viven con la amenaza de la deportación, se les niega el acceso a la educación, el empleo y la salud y corren el riesgo de convertirse en apátridas.

Organizaciones locales financiadas por InspirAction estaban entre los grupos que se pronunciaron en contra de la decisión del constitucional y que pidieron al gobierno dominicano que revocara la ley. Como resultado, el gobierno introdujo unanueva ley (169-14) en mayo de 2014 que extendía la ciudadanía a los dominicanos de ascendencia haitiana que fueron registrados oficialmente y que tenían los documentos de identidad vigentes.

Esta nueva ley bloqueó, pero no revocó, la decisión de septiembre de 2013. Como consecuencia, a los ciudadanos que tenían nacionalidad dominicana entre 1929 y 2010 pero que no estaban registrados oficialmente o no tienen los documentos necesarios, no se les devuelve la nacionalidad.

Por lo que a los dominicanos de ascendencia haitiana con documentos de identidad válidos fueron obligados a probar y registrar su nacionalidad dominicana o serían deportados a Haití, a pesar de que la mayoría de ellos no tiene ninguna conexión personal con el país ni con el idioma.

Las cifras oficiales muestran que menos del 10% de los elegibles para registrar su nacionalidad presentó los documentos necesarios. Se cree que los obstáculos administrativos y las altas tasas impidieron que muchos lo hicieran. Fuentes locales afirmaron que la Junta Central Electoral no validó algunos documentos como debía haberlo hecho. Esto dejo a mucha gente con el temor de ser deportado en cualquier momento.

Por otra parte, las personas sin documentos de identidad recibieron la orden de encontrar documentación del 1 de febrero de 2015 que demostrara que nacieron en la República Dominicana. Sin embargo, aún en el caso de que pudieran demostrar con pruebas contundentes que nacieron en el país, sólo serían reconocidos como extranjeros, como condición secundaria, y sólo podrían recibir la nacionalidad dominicana después de dos años a través de un proceso de naturalización.

La cuestión es ¿qué pasa ahora con las decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana que no tienen papeles? Según el Gobierno, se pueden inscribir en el “Plan de Regularización del Migrante”, lo que podría darles acceso a algunos documentos legales. Si no se inscriben quedarían atrapados en un limbo legal, se convertirían en apátridas sin derecho a un trabajo decente, educación, salud o incluso no tendrían la posibilidad de inscribir a sus hijos.

Frente a esta amenaza, InspirAction y sus contrapartes siguen presionando por los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana y ayudándoles a conseguir el acceso a la documentación apropiada. (Aunque el plazo de febrero ha pasado, si los inmigrantes pueden mostrar pruebas de sus esfuerzos podría resultar útil en el futuro, en caso de que los grupos de derechos humanos lancen un desafío legal contra el Estado dominicano).

Si el gobierno dominicano comienza las deportaciones a Haití, tendremos que estar preparados para apoyar a mujeres, hombres y niños desplazados a un país al que no pertenecen. InspirAction está creando una serie de centros de orientación cerca de la frontera con Haití, y está trabajando con dominicanos y grupos de la sociedad civil de Haití para organizar una respuesta conjunta a esta potencial crisis humanitaria, y estar preparados en caso de que surgiera.

La situación ha dado lugar a fracturas de relaciones en la Republica Dominicana, por lo que trabajamos en un contexto de hostilidad. Algunos periodistas han recibido amenazas de muerte tras el escándalo que supuso la forma en la que estos trataron el tema en los medios, mientras que los grupos de derechos humanos que respaldan el trato justo de los dominicanos de ascendencia haitiana están siendo calificados como “traidores a la patria”.

Lamentablemente, los medios de República Dominicana  tienen a ser comprensivos hacia los grupos nacionalistas y de derechas a favor del gobierno, mientras que la sociedad en general parece aceptar ampliamente lo que es claramente una situación injusta.

Por eso, InspirAction y nuestras contrapartes en el terreno estamos creando conciencia sobre el derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, en particular entre los sectores de la población dominicana que todavía no creen que exista tal derecho humano.

Con la amenaza de la deportación inminente para decenas de miles de personas, es imperativo que actuemos ahora, antes de que sea demasiado tarde.

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Se acaba el plazo, continúa el problema de la desnacionalización

Tras la culminaciactua-verticalón de la prórroga del registro de dominicanos de ascendencia haitiana previsto en la Ley 169-14, el pasado domingo 1 de febrero, las organizaciones de la sociedad civil que integran la plataforma ‘Dominicanos por Derecho’ manifestaron su decepción ante el fracaso a la hora de solucionar el problema de miles de dominicanos desnacionalizados.

Las trabas burocráticas y la falta de voluntad política han ocasionado que solo 8.750 hayan podido depositar sus expedientes en las oficinas de registros del Ministerio de Interior. Dominicanos por Derecho denuncia que todavía nadie ha sido informado de su estatus legal ni se les ha reestablecido su documentación.

El proceso de reconocimiento civil previsto para los dominicanos/as de ascendencia extranjera que nunca fueron inscritos en el Registro Civil no ha cumplido con sus expectativas de beneficiar a 53.000 personas, en gran medida por los obstáculos administrativos y políticos a los que se han enfrentado los demandantes, como el aumento de un 100% en la tarifa de los servicios de legalizaciones de la Procuraduría, la falta de información y las detenciones arbitrarias.

Desde InspirAction apoyamos la intención de Dominicanos por Derecho de agotar todas las vías institucionales posibles y recurrir a las instancias nacionales e internacionales necesarias hasta lograr el reconocimiento civil y la inclusión social interna de todos los dominicanos y dominicanas sin distinción del origen de sus padres

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República Dominicana se desliga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha declarado que la adhesión de este país en 1999 a la CIDH fue inconstitucional porque no fue ratificada por el Congreso. El Gobierno dominicano debe decidir si pone fin a más de 15 años en los que ha estado en vigencia la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El fallo del Constitucional llega dos meses después de que la Corte acusara al país caribeño de discriminar a ciudadanos haitianos entre 1999 y 2000 en el caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana. La problemática situación de los haitianos y sus descendientes ha sido investigada en más ocasiones por la Comisión Interamericana a través de visitas, informes de país, audiencias, medidas cautelares, peticiones y casos.

La visita más reciente tuvo lugar el año pasado para tratar el problema de la desnacionalización. El tribunal regional ordenó a la República Dominicana que revocara una sentencia dictada en septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional que privaba de manera retroactiva y arbitraria de su nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, y las dejaba sin acceso a derechos fundamentales como el trabajo, la atención médica y la educación.

El fallo no supuso ninguna novedad ya que la Corte Interamericana ha emitido cuatro sentencias contra República Dominicana, de la cuales, tres se relacionan con esta temática. Sin embargo, con el desligue de la CIDH, la República Dominicana no se vería obligada a acatarlas.

Organizaciones de Derechos Humanos de República Dominicana criticaron la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional y lamentaron que esta sentencia coloca la imagen del país a nivel internacional como un Estado que no respeta ni garantiza los derechos humanos de las personas en su territorio, lo que implica efectos negativos en el orden económico y de la cooperación internacional.

La decisión del Tribunal Constitucional afecta el acceso a la justicia de todos y todas las personas de República Dominicana ya que cientos de miles de víctimas de discriminación, homicidios policiales y otras violaciones de derechos humanos podrían quedarse sin vía jurídica alguna con la que reclamar justicia cuando no encuentren remedio en su país.

Más información

Comunicado “Derechos Humanos para todxs”

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Dominicanos por Derecho: “La Ley 169-14 no resuelve el problema de dominicanos desnacionalizados”

Las organizaciones que integran la plataforma Dominicanos por Derecho denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la falta de políticas que reviertan la situación de desnacionalización de miles de dominicanos de ascendencia haitiana y criticaron que la ley 169-14 aprobada por el Gobierno, en vez de solucionar el problema, en muchos casos está agravando la situación de la población afectada.

respuesta-dominicanos-14-cRepresentantes del Estado Dominicano y de la plataforma Dominicanos por Derecho se reunieron en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington para dialogar sobre los avances y desafíos que supone la Ley 169-14. Esta ley, aprobada ante la movilización de la sociedad civil dominicana por la desnacionalización de miles de compatriotas, ha dificultado el proceso para recuperar la documentación de los dominicanos con menos recursos.

A pesar del interés y apertura al diálogo mostrado por las autoridades del país durante la visita de la CIDH el año pasado, en la reunión, el representante gubernamental se abstuvo de responder a las preguntas  y observaciones de los comisionados,  indicado que las mismas serían respondidas a través de un escrito que enviarán las autoridades al organismo internacional y limitándose a leer una ponencia sobre el  Plan de Regularización de Extranjeros.

En su intervención, el equipo de peticionarios, entre ellos las contrapartes de InspirAction, MUDHA, el Centro Bonó y el movimiento Reconoci.do; explicaron que las vías de “solución” planteadas en la ley 169-14, dividen a los afectados en dos grupos A) dominicanos hijos de extranjeros en situación migratoria irregular inscritos en el registro civil entre 1929 y 2007 y B) dominicanos hijos de extranjeros en situación migratoria irregular NO inscritos en el registro civil.

Además se  cuestionó que la salida se produzca de espaldas a la constitución dominicana y la normativa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin tomar en cuenta las medidas cautelares emitidas por la Comisión CIDH, ni el fuerte precedente establecido con la Sentencia Yean y Bossico.

“A más de 5 meses de entrada en vigencia de la ley 169-14, es muy poco el impacto que dicha legislación ha podido generar para mejorar la situación de documentación y acceso al ejercicio de los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana” afirmó la abogada María Martínez, quien tuvo a su cargo la lectura de las conclusiones de los peticionarios.

Desde Dominicanos por Derecho se ha exigido al Gobierno que ponga fin a las trabas burocráticas que impiden a los dominicanos de ascendencia haitiana recuperar su documentación y nacionalidad e instaron a las autoridades a que dejen de situar este problema en el ámbito migratorio y pongan fin a los fallos en el proceso de registro.

 

Más información:

Derecho a no ser discriminado

Autoridades dominicanas contemplan ampliar plazo para la naturalización

El Ministerio del Interior y Policía de la República Dominicana comunicó ayer lunes 6 de octubre que está contemplando la posibilidad de extender el plazo para el proceso de naturalización abierto por el Gobierno a principios de verano.

La República Dominicana concedió, en principio, 90 días para que las personas descendientes de inmigrantes en situación irregular se inscribiesen en el Libro de Nacimiento de Extranjeros (a pesar de haber nacido en el país). El plazo culmina el próximo 28 de octubre, y hasta la fecha sólo se han inscrito 883 personas, de las decenas de miles de afectados por esta normativa.

La Plataforma 169, surgida para monitorizar el proceso, ya advirtió de que el plazo otorgado para la regularización de los descendientes de haitianos era insuficiente, y denunció la falta de información y de recursos que está impidiendo que muchas personas afectadas por el Reglamento puedan adherirse al proceso.

Por su parte, Dominicanos por Derecho atribuye el fracaso de esta primera fase de la naturalización a la “precariedad” con la que se está implementando la ley 169-14, por lo que considera que la prórroga que plantea el Gobierno es indispensable para que la población indocumentada pueda registrarse.

República Dominicana - desnacionalización

Apátridas en su patria

Autora: Corina Mora. Publicado en el blog 3500 millones de El País.

Hace ya un año, el 25 de septiembre de 2013, unas 250.000 personas amanecían siendo ciudadanas de la República Dominicana y terminaban el día sin saber qué nacionalidad les correspondía. En ese momento entraba en vigor la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en ese país que denegaba la nacionalidad a una mujer, Juliana Deguis, dominicana de nacimiento e hija de padres haitianos. Lo sorprendente es que, como ella, miles de personas de ascendencia haitiana pasaban en ese momento a convertirse en apátridas, ya que la sentencia se aplicaba con carácter retroactivo a todas las personas nacidas en el país de padres extranjeros desde 1929.
Apátridas en la única patria que conocen, estas personas han visto vulnerados sus derechos durante todo este tiempo, viendo cómo se les retiraban los documentos de identificación y se les alejaba del ejercicio de ciudadanía cotidiano: un problema administrativo significaba dejar sus vidas en pause, no poder avanzar. Cosas tan sencillas como matricularse en la universidad, firmar un contrato de trabajo, tener un seguro médico, abrir una cuenta bancaria, sacarse el pasaporte, votar e incluso inscribir a tus hijos al nacer son negadas en estos momentos a miles de personas desnacionalizadas en la República Dominicana.

Ante esta situación, con la vulneración clara de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 15 reconoce el derecho de todas las personas a una nacionalidad y a la no privación de ésta de forma arbitraria, la respuesta de la sociedad civil dominicana ha sido clara, con un movimiento ciudadano -Dominican@s por Derecho- en apoyo a las personas afectadas que ha conseguido grandes logros.

El primero de ellos fue generar el clima de insatisfacción suficiente para que el gobierno dominicano se planteara una solución legislativa al problema creado por esta sentencia. Así en mayo de este año, bajo la presión internacional que había recibido, los informes desfavorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Examen Periódico Universal del Consejo de DDHH de Naciones Unidas, se aprobó la ley 169-14.

En cierta medida, esta ley representa un paso atrás en la aplicación de la sentencia de desnacionalización y reconoce el derecho a la nacionalidad dominicana a todas aquellas personas de ascendencia haitiana inscritas entre 1929 y 2007, lo que se ha conocido como naturalización. Todos aquellos a quienes se les retiraron sus documentos pueden ahora tramitar en la Junta Central Electoral su recuperación.

El problema es que la ley 169-14 divide en dos grupos a los afectados y deja fuera de este reconocimiento de nacionalidad precisamente al colectivo más vulnerable; aquellas personas que nunca han sido inscritas en un registro civil. Para este grupo, el gobierno dominicano ofrece un proceso de regularización a través del Reglamento 250-14, que establece un plazo de 90 días para inscribirse en un Libro de Extranjeros con la opción de adquirir la nacionalidad en dos años.

Es decir, todas las personas nacidas en Dominicana cuyos padres sean haitianos y que, probablemente por su situación de marginalidad y exclusión social, no hayan sido inscritos en el momento de su nacimiento, tienen ahora la posibilidad de inscribirse durante 90 días, si consiguen la documentación precisa y el dinero para los trámites administrativos, pero asumiendo que han de reconocerse a sí mismas como inmigrantes, aunque hayan nacido y vivido toda su vida en República Dominicana.

La cuenta atrás de este periodo de regularización comenzó a finales de julio y durará hasta el 26 de octubre. Mientras tanto desde las organizaciones de la sociedad civil (Plataforma 169, Reconoci.do) se denuncia que el Ministerio de Interior y Policía no ha dotado de medios suficientes a las oficinas de registro ni ha informado a la población afectada de los trámites y requisitos a seguir. Apenas a principios del mes de septiembre, transcurridos ya 42 días de los 90 del plazo definido por la ley 169-14, el ministerio dio a conocer por primera vez requisitos para solicitar la inscripción en el libro de extranjeros, donde incluye pruebas documentales de los padres que no están contenidas en la ley ni en su reglamento de aplicación.

El martes 23 de septiembre la cita de las organizaciones que componen Dominican@s por Derecho fue manifestarse una vez más a las puertas del Tribunal Constitucional, el mismo que hace un año dejó suspendida la vida de miles de personas y que a día de hoy sigue considerando ciudadanas de segunda a todas aquellas personas cuyo delito es tener unos padres que llegaron hace décadas desde el vecino Haití a instalarse en busca de un mejor futuro, y tener, probablemente, un tono más oscuro de piel.

Si estas personas no logran presentar los papeles que les solicitan en el registro ¿a qué país pertenecerán? ¿Las expulsarán a Haití, un país que probablemente nunca han conocido? ¿Cuánto tiempo tendrán que estar sus vidas en pause para poder recobrar su nacionalidad?