Dominicanos por derecho

Dominicanos por Derecho llama a evitar expulsiones de dominicanos/as

El conjunto de  organizaciones que integran la Plataforma Dominicanos por Derecho llama al  Estado dominicano a  ofrecer garantías para evitar la expulsión de ciudadanos dominicanos   indocumentados o con dificultades de acceder a su documentación de identidad, ante el ampliamente anunciado proceso de repatriación  de personas  extranjeras en situación migratoria irregular.

El colectivo aclara que no se opone a ninguna medida migratoria que se implemente respetando la dignidad humana, derechos fundamentales, tratados internacionales  y  leyes nacionales que rigen la materia pero que bajo ningún concepto es aceptable que el Estado evada la responsabilidad de dar una solución efectiva a la situación de las personas desnacionalizadas pretendiendo  equiparar  a un dominicano no documentado  con una persona migrante.

“La problemática de la desnacionalización se agravaría  con el desplazamiento forzoso de dominicanos/as  no inscritos en el registro civil  que  no pudieron acogerse a la  medida que  les planteaba asumirse como extranjeros para tener acceso a documentos de identidad”, explicó el abogado  Juan Manuel Morel, quien fungió como vocero  de la plataforma en un encuentro con los medios que tuvo  lugar  este martes en el Colegio Dominicano de Periodistas.

Las organizaciones  llaman la atención sobre el peligro de separar miles de familias con hijos dominicanos por la situación de documentación de sus miembros,  así como mantener en un estado de vigilancia por parte de organismos de investigación  y  amenaza de operativos a comunidades afrodescendientes ya de por si excluidas, empobrecidas y estigmatizadas.”

Exhortan a las autoridades gubernamentales a  socializar el protocolo, logística y criterios a utilizar  en el  proceso de repatriación de personas  migrantes en situación irregular  y que se permita a  las organizaciones dominicanas ser testigo de su adecuada implementación.

Sobre el nuevo llamado de la Junta Central Electoral

Dominicanos por Derecho teme que  no se concreticen en la práctica  las informaciones emitidas  por la Junta Central Electoral  sobre una supuesta solución masiva a la problemática del bloqueo de acceso a documentos de identidad, limitándose  una vez más a generar un  impacto mediático para  reducir la presión sobre  la problemática de dominicanas y dominicanos desnacionalizados.

Pese  a la promulgación de la ley 169-14 hace más de un año y las diversas convocatorias a las personas afectadas para dar “solución” a sus casos ,  afirman que la  JCE mantiene en el limbo  jurídico a miles dominicanos/as  y sus descendientes, bloquea  sus documentos de identidad al no colocarlos  en el sistema automatizado de registro, ha creado procesos diferenciados que incluye la investigación de familiares,   transcribe sus actas a  un nuevo libro generando   un sub-registro a partir del origen y  la situación migratoria de los padres,  medida segregacionista que  convierte a esta población   en blanco de futuras  acciones desaprensivas.

“El bloqueo injustificado de documentos en el sistema  impide a miles de personas a realizar con normalidad actividades de la vida civil y deja abierta la  posibilidad de que sean impedidas de ejercer su derecho al voto,  lo que ocasionaría serios cuestionamientos al proceso electoral que se avecina”.

Aseguran  que el llamado de la  Junta Central Electoral  es confuso porque enmarca  la  ley 169-14 dentro del conjunto de medidas destinadas a regularizar  la población migrante, lo que  desconoce  el derecho a la nacionalidad de las y los afectados,  promueve  la idea de la existencia de un grupo poblacional  que es “dominicano por error”,   crea animadversión hacia  las  personas descendientes de migrantes.

Lamentan que en  2015 un  dominicano negro/a, residente en zona bateyera o en comunidades de gran presencia afrodescendiente,  con rasgos físicos o apellido que pueda ser asumido como extranjeros deba agotar procedimientos distintos al del resto de los dominicanos para obtener su documentación.

Exigen al gobierno  evitar que este nuevo llamado de la JCE  se convierta en otro fiasco y   proteger a sus ciudadanos/as de la negligencia de funcionarios públicos:  “Es  momento de  asumir un compromiso nacional  que ponga    fin al bochornoso   capitulo de  discriminación institucional hacia dominicanos y dominicanas por el origen nacional de sus padres,  color de piel, ubicación geográfica, apellidos,  rasgos físicos y situación de documentación, instaurado por la JCE desde el 2007.  La Junta Central Electoral debe acatar de una vez y por todas la ley que devuelve  el acceso a sus documentos de identidad a los dominicanos/as descendientes de migrantes   inscritos en el registro civil”.

También  Cristiana Luis Francisca del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas,  Elena Lora del Movimiento Reconoci.do,  Maribel Nuñez de Acción Afro-Dominciana,  la activista de la diáspora dominicana en New York Miriam Mejía, así como también Roudy Joseph de la Red de Encuentro Dominico-Haitiana Jaques Viau formaron parte del equipo de voceros de la plataforma.

Dominicanos por Derecho es un colectivo que reúne a unas 15  organizaciones que luchan por la restitución plena de los derechos de las personas desnacionalizadas por la sentencia 168-13 y afectadas con la negación del acceso a sus documentos de identidad.

¿Y ahora qué? Urge una solución para las personas dominicanas de ascendencia haitiana

¿Y ahora qué? Urge una solución para las personas dominicanas de ascendencia haitiana

  • Tras finalizar a principios de febrero el plazo para el registro de dominicanos de ascendencia haitiana, las organizaciones de la sociedad civil denuncian que la aplicación de la ley 169-14 ha fracasado.
  • Tan sólo 8.755 personas han sido registradas, cuando la estimación de posibles afectadas en esta parte del Plan de Regulación es de más de 53.000 

10 de febrero de 2015. La situación de apatridia sigue siendo una realidad para miles de personas en República Dominicana. Tras la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, que despojaba de su nacionalidad dominicana a los descendientes de haitianos, y tras casi un año de aplicación de la Ley 169-14, que estableció el Plan de Nacionalización y Regularización para extranjeros, una vez concluido el plazo la inseguridad jurídica para miles de personas continúa.

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Miles de dominicanos en inminente riesgo de apatridia

- El gobierno de República Dominicana reconoce la necesidad de ampliar el plazo concedido  para que los ciudadanos, fundamentalmente descendientes de  haitianos, no inscritos en los registros civiles del país, regularicen su situación. Aunque no asume las denuncias de la sociedad civil sobre que el proceso no se está llevando a cabo con las garantías necesarias.

-Miles de afectados no se han adherido todavía al Plan de Regularización Nacional por falta de información o trabas burocráticas.

– No sólo es injusta la sentencia que dio origen a la desnacionalización de la población de ascendencia haitiana, sino que los procedimientos mediante los cuales se está aplicando no están siendo los adecuados.

– La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a República Dominicana que modifique cualquier ley e incluso la Constitución para evitar la negación de la nacionalidad dominicana

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Miles de personas en República Dominicana han perdido su nacionalidad por ser hijos de padres haitianos. Apátridas en su propio país

  • Hace un año, el Tribunal Constitucional denegó la nacionalidad a una mujer dominicana de nacimiento hija de padres haitianos y retroactivamente a todas las personas nacidas en el país de padres extranjeros desde 1929.
  • InspirAction lanza la campaña #VidasEnPause para dar a conocer esta situación y presionar para obtener una solución para miles de personas desnacionalizadas arbitrariamente.
  • Estas personas ven vulnerados sus derechos día tras día; sin documentación no puedes estudiar, firmar un contrato de trabajo, abrir una cuenta en un banco, votar, inscribir a tus hijos… tu vida se paraliza.

Un año después de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana que despojaba de su nacionalidad dominicana a casi 250.000 personas por el hecho de ser descendiente de haitianos, las consecuencias de esta sentencia injusta y racista siguen marcando la vida de todas ellas cada día. Leer más